¿Son compatibles el derecho a la cultura y las medidas anti-covid?
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La cultura ha sido uno de los sectores más afectados por la Covid-19. El derecho a la cultura, recogido en la Constitución, se ve limitado por las medidas restrictivas que se han tomado desde algunas comunidades autónomas y que han sido ratificadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, como la limitación de horarios y aforos o la implementación de un pasaporte Covid.
Teniendo en cuenta que la vacunación ha avanzado hasta haber alcanzado la inmunidad de grupo y que existen otras medidas más laxas que se han demostrado eficaces en otros países, ¿pueden alcanzarse otras soluciones que protejan a los ciudadanos a la vez que aseguran su ejercicio del derecho a la cultura?
La respuesta es sí. ¿Cómo? Tomando decisiones que superen los tests de proporcionalidad y razonabilidad.
LA PROPORCIONALIDAD Y LA RAZONABILIDAD: dos principios que equilibran el sistema de derechos fundamentales
Nuestra Constitución establece una serie de derechos fundamentales entre los que no hay una jerarquía. Por ejemplo, no existe un derecho a la dignidad que se encuentre por encima de uno a la libertad de expresión. No son derechos absolutos o independientes, sino que conviven en un ecosistema proporcional y armonizado de ejercicio y disfrute, que se equilibra aplicando dos técnicas: la proporcionalidad y la razonabilidad.
La técnica de la proporcionalidad, importada del Derecho alemán y construida sobre la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, implica dar respuesta las siguientes preguntas:
- ¿La medida o disposición que afecta a un determinado derecho constitucional es adecuada para conseguir el fin pretendido?
- ¿Hay otra medida o disposición alternativa menos gravosa que permita la consecución del mismo fin?
- ¿Es equilibrada? Para ello debe ofrecer más ventajas que perjuicios para el interés general o para los otros derechos o valores afectados.
Por su parte, el principio de razonabilidad pretende evitar situaciones de arbitrariedad por parte de los poderes públicos. ¿Cómo? Asegurándose de que siempre se cuente con una justificación objetiva, razonable y reforzada cuando se toman decisiones desiguales en situaciones iguales o parecidas, o, por el contrario, decisiones iguales en situaciones desiguales o no parecidas.
La crisis sanitaria que generó la rápida expansión de la covid-19 forzó a los Gobiernos Autonómicos a tomar medidas excepcionales para proteger la salud de los ciudadanos. Estas medidas fueron ajustadas porque se entendió que el derecho a la vida y a la integridad física estaban por encima del derecho a la cultura y que las desigualdades producidas estarían justificadas por criterios científicos y objetivos.
El problema viene cuando las impactantes cifras que avalaban los criterios científicos comienzan a descender, a la vez que aumenta el conocimiento sobre el comportamiento del virus y avanza la vacunación en el país. En estas circunstancias, ¿siguen estas medidas superando los test de proporcionalidad y razonabilidad?
LA CULTURA: una excepción en la vuelta a la normalidad
La rápida respuesta científica a la pandemia ha permitido que, en un tiempo récord, se haya podido volver a retomar muchas actividades que tuvieron que ser limitadas para frenar el avance del virus, como el regreso a las aulas, el trabajo presencial y los viajes. Si esto ha sido posible, es gracias a la implementación de medidas alternativas menos restrictivas, como la higiene de manos, la distancia de seguridad o la obligatoriedad de las mascarillas en recintos cerrados.
Sin embargo, el sector de la cultura no ha podido beneficiarse de ellas. Estas reducciones de las limitaciones generales siempre exceptúan los recintos donde la cultura se manifiesta (salas de conciertos, teatros, festivales…), cuando en realidad no son entornos tan diferentes a los que se puedan dar en una universidad, en el transporte público o en un centro de trabajo.
Con los datos actuales que arroja la evolución de la pandemia y la vacunación en España, ni las medidas generales aplicadas a los eventos culturales ni el freno a otros controles alternativos superan los test de proporcionalidad ni razonabilidad. Porque ya no son efectivas para el fin para el que fueron creadas. Ya no evitan contagios masivos y, además, existen otras medidas igual de eficaces y menos gravosas, como la distancia de seguridad, la obligatoriedad de las mascarillas o la realización de PCRs.
Todo ello, perjudica gravemente no solo el ejercicio del derecho al disfrute de la cultura, sino también al de crearla, sin atender a un criterio objetivo ni científico y frena completamente la recuperación económica de este sector.
La realidad nos demuestra que los poderes públicos entienden el derecho a la cultura como un derecho accesorio y no fundamental, cuando la cultura ha sido un salvavidas para nuestra salud durante los meses que estar confinados en nuestras casas.
La Constitución española promueve el ejercicio armónico de todos sus derechos. No busca confrontaciones, ni categorías. Solo un disfrute armónico de todos ellos, incluyendo el de la cultura.
Entenderlo supondría un fuerte impulso para volver a ocupar los espacios que la pandemia nos obligó a dejar vacíos.