Regulación en materia de finanzas sostenibles. Novedades septiembre 2020.

María Molina Martín

El pasado 30 de septiembre iniciábamos una serie de publicaciones periódica sobre la actualidad regulatoria del ámbito financiero; no obstante, hemos querido dar un espacio propio a la relacionada con las finanzas sostenibles.

El marco de finanzas sostenibles, englobando los aspectos ambientales, pero también sociales y de gobierno, está en pleno desarrollo. Desde el despacho, aportamos nuestra aproximación a la sostenibilidad como único camino posible en el futuro financiero, repasando cada mes las principales novedades.

Marco comunitario

We have the vision, we have the plan, we have the investment. It is now time to get to work. El 16 de septiembre, en el discurso de Úrsula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) sobre el estado de la Unión, se hizo de nuevo evidente el peso que las instituciones comunitarias (a través del Green Deal (que aporta la visión y el plan) y del Plan de Recuperación (la financiación)) quieren dar a los objetivos ambientales y climáticos, a “lo verde”, para afrontar los retos de futuro y, en particular, ante la actual crisis del COVID-19. En lo que aquí nos interesa, cabe destacar que el nuevo Pacto Verde Europeo o Green Deal viene a activar y mejorar, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de 2018, de modo que cabe esperar que las actualizaciones pendientes se activen y que puedan impulsarse nuevas iniciativas próximamente.

Pero el camino hacia las finanzas sostenibles ya está iniciado y septiembre ya nos dejaba algunos avances. Así, comenzábamos el mes con la finalización del plazo para responder a dos consultas en el ámbito comunitario:

 

  • Plazo para las aportaciones de la valoración de impacto de la iniciativa de la Comisión Empowering the consumer for the green transition continúa (hasta el 6 de octubre) la posibilidad de aportar comentarios a la consulta pública mediante la que la Comisión busca recabar feedbackde los grupos de interés a partir del que articular sus propuestas en la materia para los años 2020-2021 (además de la citada iniciativa, una nueva Agenda de consumo y la revisión de dos directivas: la de contratos de crédito al consumo y la de Seguridad General de los Productos (DSGP)). Destacamos esta consulta en tanto que resulta interesante poner el foco en el consumidor a la hora de tener en cuenta los avances en la transición verde: por un lado, desde el punto de vista de la demanda, su capacidad y su potencialidad como palanca de cambio, tal y como apunta la propia iniciativa “empoderando al consumidor”; por otro lado, para no perder de vista, que la transición verde ha de ser igualmente justa y esto pasa por mantener un alto nivel de protección, así como garantizar el acceso de los ciudadanos como consumidores a los servicios y actividades esenciales ante un contexto de riesgos con mayor impacto en colectivos especialmente vulnerables.

 

Otra consulta fundamental que concluía el 25 de septiembre es la del proyecto de Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales del Banco Central Europeo (BCE). El ajuste de la regulación prudencial a los riesgos relacionados con el clima y riesgos medioambientales se apuntaba como uno de los objetivos del Plan de Acción de 2018. En espera de otros cambios y desarrollos normativos oportunos, el BCE describe en esta guía (no vinculante) un marco de “buenas prácticas” que espera de las entidades significativas en la “gestión segura y prudente” de estos riesgos. Este adelanto por parte del supervisor bancario, parte de un balance de la situación (a partir de una encuesta conjunta con la EBA) que muestra que, por regla general, las entidades no han integrado por el momento el enfoque de este tipo de riesgos en su respuesta integral de gestión del riesgo, sino, principalmente, desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. El foco ha cambiado y este enfoque supervisor no deja ya lugar a dudas respecto al papel que este asunto debe ocupar en la actividad bancaria.

Como paso previo a una iniciativa de desarrollo de normas técnicas de regulación (RTS por sus siglas en inglés), la EBA ha lanzado una encuesta online dirigida a las principales entidades de crédito en relación a la divulgación de información relacionada con los riesgos ASG. La encuesta incluye un bloque de preguntas en relación con el estado actual de la divulgación ASG, un segundo bloque con preguntas en relación a la interacción entre las prácticas actuales de divulgación y otras iniciativas como la Directiva de información no financiera y, por último, un tercer apartado de preguntas sobre la previsión de la aplicación de los nuevos requisitos de divulgación de la CRR2, centrados exclusivamente en los aspectos climáticos (riesgos físicos y de transición).

También en materia de divulgación, se inicia otra encuesta, esta a iniciativa conjunta de las ESAs (EBA, ESMA e EIOPA), relativa al formato de la información sobre productos sostenibles con el objetivo de homogeneizar dicha información para facilitar su comparabilidad. La encuesta consiste en valorar tres posibles modelos de plantillas (dos relativos a la información precontractual y uno para la información periódica), así como la valoración general sobre la utilidad o no de los formatos estandarizados y algunos aspectos concretos de los mismos (uso de iconos, gráficos…). Los resultados de esta encuesta serán tenidos en cuenta por las ESAs de manera conjunta antes mencionada sobre ESG disclosures.

Marco nacional

El pasado 24 de septiembre iniciaba su procedimiento parlamentario el Proyecto de modificación de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en lo que respecta a la vinculación a largo plazo de los accionistas iniciaba, sobre el que publicábamos una entrada en nuestro blog el mismo día.

En el ámbito no estrictamente financiero, sino más general de sostenibilidad, destaca la regulación del Consejo de Desarrollo Sostenible mediante la publicación de la Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible, creado igualmente mediante orden ministerial (en febrero de 2019) y concebido como un espacio ciudadano de carácter consultivo y de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 desde un enfoque participativo, incluyente y transparente.

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