Novedades regulatorias. Marzo 2021

María Molina Martín

Marco internacional

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha iniciado una revisión temática de sus recomendaciones (2018) para instituciones de inversión colectiva y que tienen por objeto garantizar que se gestione el riesgo de liquidez para salvaguardar y proteger los intereses de los inversores, incluso en condiciones de mercado estresadas, así como para hacer frente a posibles vulnerabilidades estructurales en el sector de la gestión de activos que pudieran afectar la estabilidad financiera. Se prevé que el informe con las conclusiones de esta revisión se publique para el otoño de 2022.

Por otro lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está actualizando su Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), con el fin de garantizar el level playing field entre los VASP que ofrecen servicios financieros y los estándares existentes aplicables a otras instituciones financieras y sujetos obligados en materia de prevención del terrorismo y del blanqueo de capitales. Se prevé que publique un informe de conclusiones para junio de este año.

Marco comunitario

Este mes de marzo ha dejado muchas novedades en el ámbito europeo. Comenzamos repasando algunas de las actuaciones supervisoras más relevantes, en concreto, comenzando por la autoridad de mercados de capitales, ESMA, se destacan las siguientes publicaciones:

En el marco de actuación de ESMA se destaca igualmente el interés, por un lado del inicio de la consulta sobre el mercado de fondos monetarios cuyo plazo para remitir observaciones finalizará en 30 de junio de 2021; por otro lado, su respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP) que respalda esta iniciativa y da un paso al frente en su disposición a asumir un papel central para su creación y ejecución; y, por último,  el comunicado a la Comisión Europea con sus propuestas para mejorar la Directiva de Transparencia tras el caso Wirecard. Estas se resumen en cuatro bloques de modificaciones regulatorias: mejora de la cooperación entre autoridades, mejora de la coordinación y gobernanza a nivel nacional, fortalecimiento de la independencia de las autoridades nacionales de competencia y refuerzo de la supervisión armonizada

En cuanto a la EBA, no cabe duda de que el ciberataque ha sido la principal noticia y que ha desencadenado una profunda reflexión acerca de la propuesta de Reglamento sobre la resiliencia de la operativa digital del sector financiero (DORA, de Digital Operational Resilience Act). No obstante, a continuación destacamos otras publicaciones fundamentales provenientes del supervisor bancario:

Por otro lado, ha anunciado que su ejercicio de seguimiento de Basilea III pasará a ser obligatorio con el fin de hacerlo más representativo (ampliando la muestra a más jurisdicciones y entidades) y reducir la frecuencia de reporting de datos que supone el nuevo marco.

Por último, destacan algunas de las consultas públicas iniciadas por la EBA como la de sus directrices para la metodología para otorgar una autorización como entidad de crédito (hasta 10 de junio), que busca, en esencia, la convergencia de criterios supervisores; la consulta sobre la revisión de las directrices sobre los indicadores de planes de recuperación (hasta 18 de junio); el borrador de normas técnicas de regulación sobre la divulgación de la política de inversión de las empresas de inversión (1 de julio), principalmente sobre calibración de umbrales para la mejora de la detección de situaciones de estrés; la consulta sobre sus guías para las pruebas de resistencia bajo la nueva directiva del sistema de garantía de depósitos (hasta 11 de junio) para buscar una mayor armonización y comparabilidad de los resultados; o la consulta para la implementación de un posible sistema de reporting integrado que englobe los datos estadísticos de supervisión, resolución y del banco central (11 de junio).

Por su parte, el supervisor en materia de seguros (EIOPA) ha publicado un Q&A sobre la Directiva de distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés); en concreto, se aclaran cuestiones relevantes respecto a la información que las entidades deben solicitar al cliente para evaluar la adecuación en casos de no asesoramiento de productos, así como otras relativas a la fabricación y gobernanza de los productos de seguros.

En cuanto a la actividad del Banco Central Europeo, destaca  la publicación de su informe anual sobre actividades de supervisión 2020, que analiza la coordinación de la respuesta ante la crisis del COVID-19, resaltando los indicadores de reservas de capital y liquidez, así como la capacidad operativa de los bancos y su capacidad de recuperación hoy. Tal y como apunta Christine Lagarde en el prólogo del citado informe, sin embargo, la retirada de estímulos hará surgir nuevas vulnerabilidades y crecerá le exposición al riesgo crediticio para las entidades. Ello, junto con los problemas estructurales tradicionales del sector requerirá que los bancos continúen fortaleciendo su gobernanza, mejoren la rentabilidad y diversifiquen sus fuentes de ingresos para respaldar mejor la recuperación económica.

En materia de protección de datos, el Comité Europeo de Protección de Datos ha publicado una declaración relativa al mandato del Consejo sobre el reglamento sobre la privacidad electrónica (e-privacy); en ella, manifiesta su preocupación acerca del alcance de dicho Reglamento y la necesidad de no excluir la aplicación de aspectos regulados por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por último, se destaca la publicación en el DOUE del Reglamento de Ejecución de la Comisión sobre estándares técnicos para la aplicación de CRR, por el que se deroga el anterior Reglamento (UE) 648/2012, en relación a la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades y que entrará en vigor el 28 de junio de 2021.

Marco nacional

El pasado 10 de marzo se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, que modifica las leyes del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta de los no residentes y que viene a trasponer las directivas (UE) 2016/1164 y 2017/952 (ATD1 y ATD2, respectivamente) sobre asimetrías híbridas y prácticas de elusión fiscal. Esta modificación tendrá efectos a los períodos impositivos desde 1 de enero de 2020 que no estén cerrados a fecha de su entrada en vigor (11 de marzo).

En cuanto a la actividad supervisora, se destacan dos publicaciones de la CNMV: por un lado, su Plan de Actividades para 2021, en torno a cuatro líneas estratégicas: la supervisión rigurosa, el impulso a los mercados para la recuperación económica, facilitar el papel del mercado en la transición hacia una economía sostenible y el apoyo a la innovación tecnológica en los servicios financieros; por otro lado, el informe de resultados de su segundo ejercicio de mistery shopping, que se ha centrado principalmente en la comercialización de fondos de inversión y a través del que se han detectado algunas irregularidades.  Por otro lado, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, reconoce a la CNMV como la autoridad supervisora de la publicidad de criptoactivos; el supervisor ya ha lanzado una consulta pública sobre la circular correspondiente (abierta hasta 16 de abril).

Por su parte, el Banco de España (BdE) ha publicado su Memoria de Supervisión 2020. Además, ha anunciado que se mantendrá el colchón de capital anticíclico en el 0% durante el segundo semestre de 2021 con el fin de no incrementar el impacto adverso del COVID-19. Finalmente, ha abierto un período de consulta (hasta 19 de abril) sobre el proyecto de circular sobre los modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela y sobre el registro de reclamaciones. Según indica el propio BdE esta regulación pretende dotar de un marco de información completa y estandarizada en materia de conducta para garantizar la correcta supervisión, así como profundizar en el conocimiento del modelo de negocio de las entidades supervisadas y de las tendencias del mercado, así como de las principales controversias generadas en ese mercado con la clientela bancaria.

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