Análisis del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025: Estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales

La semana pasada el Gobierno anunció tres planes clave en el marco de la Agenda España Digital 2025: el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. De los tres, en este artículo vamos a centrarnos en este último, que debería suponer un antes y un después en la relación de los ciudadanos con la Administración, y de las Administraciones Públicas entre sí.

Según su propio texto, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas constituye el marco estratégico global para avanzar en la transformación de la Administración, estableciendo objetivos e iniciativas concretas para alcanzarlos. Entre los propósitos del Plan se encuentran: prestar servicios digitales eficientes, seguros y fiables; avanzar hacia una Administración guiada por los datos; y democratizar el acceso a las tecnologías emergentes superando la brecha digital.

Dichos objetivos se pretenden alcanzar con una planificación en tres ejes estratégicos: “Eje 1. La transformación digital de la Administración General del Estado“, “Eje 2 proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público“, “Eje 3 Transformación digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Comunidades Autónomas y Entidades Locales“. Estos ejes estratégicos se desglosan en 17 medidas concretas, que se desarrollan en sus respectivos apartados del Plan. El Eje 1 se corresponde, a su vez, con las medidas previstas por la Agenda España 2025, a saber: Ciberseguridad (Eje 4), Transformación digital del sector público (Eje 5) y Economía del dato e Inteligencia Artificial (Eje 9).

En todo caso,  en el día de hoy nos vamos a centrar en una de las medidas del primer eje, la relativa al Servicio de automatización inteligente (medida 5), que se enmarcan en la líneas de actuación de actuación de Automatización Inteligente de Procesos.

La medida se concreta en el diseño e implantación de dos plataformas: una corporativa para automatizar las actuaciones administrativas, y otra para la tramitación del procedimientos administrativos comunes; reseñándose en ambas capacidades de inteligencia artificial para  “la identificación de patrones de fraude, la búsqueda inteligente de información de interés y normativa”.

Por otro lado, se destacan dos iniciativas singulares: una relacionada con la compra pública (eProcurement), que tiene como objetivo “(…) digitalizar la tramitación de los expedientes de contratación de forma ágil y eficiente”, y otra relacionada con las ayudas y subvenciones, con el objetivo de desarrollar una solución específica para“(….)configurar de forma sencilla los procesos de baremo y concesión, así como la prevención del fraude utilizando inteligencia artificial”.

Es decir, prima facie y a falta de conocer más sobre su desarrollo, parecen capacidades o instrumentos basados en algoritmos no predictivos, que auxiliarán al personal de la administración en la aplicación más eficiente de la norma, o, en su caso, un uso de algoritmos predictivos que se utilicen de forma limitada para casos tales como identificar los objetivos de la actuación administrativa (a partir del análisis de los datos que obtiene) o iniciar procedimientos administrativos.

A modo de ejemplo podría asimilarse a otras iniciativas [1] ya que están desarrollándose a nivel local como el proyecto EPIU (Enery Poverty Inteligence Unit), que está diseñando y construyendo un modelo predictivo para diferenciar grupos de pobreza energética oculta a través del tratamiento masivo de datos. La idea es que, con estos modelos, se pueda pasar a un modelo preventivo y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad energética, incluso si no están buscando ayuda de forma activa.

El compromiso del Gobierno con este Plan es, sin duda, una buena noticia. No obstante, deberemos esperar a que estos proyectos se ejecuten conforme a las inversiones comprometidas, y observar con atención su desarrollo. Nadie duda que la implementación de las nuevas tecnologías podrá mejorar el funcionamiento de las Administraciones públicas, para dar cumplimiento al mandato constitucional recogido en el artículo 103 de la Constitución, especialmente en lo relativo a la eficacia de su actuación. Ahora bien, tal y como prevé el propio Plan, habrá que prestar especial atención a la superación de la brecha digital, para que estos avances no dejen al margen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, o que tengan un acceso más limitado a estas nuevas tecnologías.

Y, sobre todo, se deberá comprobar que los efectos que este Plan de digitalización a través de la utilización de sistemas de inteligencia artificial no suponen un menoscabo de las garantías de las que gozan los ciudadanos. Desde el departamento de Derechos Fundamentales en la Sociedad Digital vamos a seguir de cerca la evolución del uso de algoritmos por parte de la Administración.

[1]https://www.eseficiencia.es/2020/10/08/identificar-reducir-pobreza-energetica-oculta-objetivo-proyecto-epiu-getafe-hogares-saludables

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