Respuestas y medidas públicas ante el COVID-19: las limitaciones de una sociedad globalizada

Susana de la Sierra

El nuevo coronavirus COVID-19 ha puesto en jaque a Gobiernos y sociedades de todo el mundo, así como a instituciones de gobernanza mundial en diversos sectores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el 30 de enero de 2020 que el brote de coronavirus pasaba a ser considerado una emergencia pública sanitaria de relevancia internacional, poco más de un mes más tarde de que China comunicara la existencia de un patógeno que se desconoce desde cuándo circulaba, pero del que parece que se habrían podido identificar rastros en el mes de noviembre. Más adelante, el 11 de marzo, la OMS calificó la situación de pandemia, habiéndose alcanzado el número de 185 países, áreas o territorios en los que se han notificado casos.

Una vez finalice esta emergencia, que finalizará, será el tiempo de analizar con detalle las medidas adoptadas para paliar los efectos del COVID-19, cuáles han sido positivas, cuáles no lo han sido, de modo que se identifiquen pautas claras de actuación, ya que no es difícil imaginar que se sucederán nuevas pandemias y habrá que actuar con agilidad, coordinación y eficacia. Entre tanto, además de la investigación emprendida a velocidad de crucero para diseñar medicamentos eficaces contra la enfermedad y una vacuna para futuros brotes, las instituciones públicas se afanan por establecer las medidas que aborden la situación en distintos frentes.

El frente principal es, lógicamente, el sanitario, la necesidad de contener el avance del virus y de atender a las personas contagiadas, de forma singular aquellas en situación grave, particularmente quienes se encuentran en riesgo vital. Pero, además, de estas medidas sine qua non – sobre las que se ha discutido y se seguirá discutiendo -, Gobiernos y Administraciones han visto cómo de un día para otro tenían que abordar cuestiones de orden escolar, laboral y económico, por no hablar del sinfín de regímenes especiales que se ha ido estableciendo para cada una de dichas medidas, a través de comunicados, ruedas de prensa, documentos, que atendieran a una realidad plural y compleja. Y no es para menos, dado que se trata de cambiar la vida en todos sus aspectos de un día para otro, velando de forma especial por los más vulnerables desde el respeto y no la lástima, en feliz expresión de Miguel Presno.

Gobiernos como el español han aprobado un paquete de normas, ahora oportunamente “codificadas” en el sitio web del Boletín Oficial del Estado, normas que coexisten con otras aprobadas en algunas Comunidades Autónomas. El Estado Autonómico encuentra aquí un desafío, dado que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, procede de una época en la que no se habían desarrollado las Comunidades Autónomas y no contempla probablemente instrumentos que hoy serían útiles. En cualquier caso, la declaración del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo convulsiona las bases habituales de la distribución territorial del poder en España, como ha analizado ya Francisco Velasco. Y también afecta de forma decidida a otro nivel de Administración, la Administración local, la más cercana al ciudadano y la que tiene encomendada en general la prestación de servicios públicos básicos.

Más allá de esto, que no es poco, se ha de asimilar que nos encontramos ante un desafío global, que se repetirá en el futuro de un modo u otro y que requiere de aproximaciones asimismo globales. En mi opinión, no aciertan quienes se han lanzado a arremeter contra la globalización cual caja de Pandora de los males que nos asolan hoy por el nuevo virus. Como en crisis anteriores, aunque de otra índole, la globalización se ha apuntado como caldo de cultivo de algunos problemas de la humanidad.

La globalización en sí misma no es ni positiva ni negativa. Es un hecho que las personas circulan más – de forma voluntaria o compelidas por situaciones dramáticas en sus países de origen -, que las fronteras se diluyen, que la comunicación entre personas de distintos países aumenta bien de forma presencial bien a través de los medios tecnológicos. Si tuviera que elegir un adjetivo me posicionaría a favor de la globalización como algo positivo, ya que considero que lo son en general los cruces, los contactos y la libre circulación. Sin embargo, partiendo de la base de que la globalización es un hecho, lo cierto es que en ese entorno global surgen también problemas a los que hay que dar respuesta, como esta crisis.

Como se ha señalado, en los Estados se han adoptado medidas de corte sanitario, pero también escolar, laboral y económico. Quien toma decisiones públicas lo hace teniendo en consideración distintos bienes públicos, de modo que se han de conciliar cuestiones en distintos ámbitos y no siempre resulta sencillo. De hecho, en general no lo es. En el ámbito global, existen varios organismos internacionales especializados en sectores concretos y todos ellos han propuesto medidas, en ocasiones genéricas, en otras no, en la actual crisis: la OMS en el ámbito sanitario, la UNESCO en el concerniente a la educación o el Banco Central Europeo respecto de la economía. Crisis como la actual confirman la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre estos organismos, a fin de conciliar distintos bienes públicos y no únicamente aquellos por los que tiene que velar cada uno de manera específica. Del mismo modo, está por ver cómo robustecer los mecanismos de cooperación también con los Estados, no sólo en lo que respecta al nivel político sino fundamentalmente al nivel técnico, donde se prepara el material para una adecuada toma de decisiones.

De todo esto aprenderemos. Ahora toca cuidarse, pero también ayudar cada uno en el ámbito de sus posibilidades y contribuir desde el conocimiento a la adopción de medidas para afrontar una crisis que todavía tiene recorrido. Tras el estado de alarma inicial “de brocha gorda”, que ya sabemos que se prorrogará, habrá de abrirse una fase de estado de alarma más “sofisticado”, con análisis más detallados del alcance de las medidas, lo que se puede hacer y lo que no, lo que se debe hacer y lo que no, en aplicación estricta del principio de proporcionalidad y, en lo que respecta a la ciudadanía, desde la sensatez y la solidaridad.

 

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