Regulación en materia de finanzas sostenibles. Novedades enero de 2021.

Guillermo Setién

Marco internacional

En un ámbito más global, una de las grandes noticias del mes de enero ha sido el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, una de las primeras decisiones de la Administración Biden. Esta reincorporación, que ha suscitado gran entusiasmo, también ha arrojado una serie de interrogantes, como lo son si Washington mantendrá o ampliará los objetivos que había fijado durante la presidencia de Obama, que puede que se hayan quedado cortos según el criterio de la ONU. El plan definitivo, que se espera vea la luz pronto, arrojará luz sobre el grado de ambición del nuevo Gobierno en la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el que recomienda a la Fundación IFRS (International Financial Reporting Standards) que emplee como base para la divulgación de riesgos las recomendaciones que  este organismo ha sostenido a través de la TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures). Para el Consejo, sus recomendaciones facilitan la creación de un entorno seguro que conduce a que los sectores público y privado funcionen acompasadamente.

Marco comunitario

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado la creación de un centro sobre el cambio climático. Esta nueva división, que se espera que comience a operar en los primeros meses de 2021, asumirá las labores relativas a sostenibilidad y cambio climático que hasta ahora se abordaban de forma atomizada en diferentes departamentos, dependiendo directamente de la Presidencia del BCE. Entre otras, el supervisor anticipa que las funciones de este nuevo centro serán dirigir la agenda climática (interna y externa) del BCE y definir políticas en materias prudencial y monetaria.

Por otro lado, ESMA, se dirigió el pasado día 29 de enero a la Comisión Europea, trasladándole su parecer respecto los retos que plantean el desarrollo de las finanzas ESG, haciendo especial hincapié en la necesidad de casar el aumento de la demanda en estos productos con un entorno regulatorio propicio. Para ello, ESMA apunta a la falta de supervisión en el mercado de calificación ESG (con el consiguiente riesgo de greenwashingo de comercialización indebida), la necesidad de adecuación del marco regulatorio a la realidad del mercado y cómo garantizar la igualdad de trato a pequeñas entidades y a las que se benefician de economías de escala.

Por su parte, la Comisión Europea se ha visto obligada a retrasar la publicación de la normativa delegada por la que se implementará la esperada taxonomía (sistema comunitario por el que se clasificarán las inversiones sostenibles, cuyos principios, recordamos, se aprobaron mediante el Reglamento 2020/852 a mediados de 2020). La justificación es el extraordinario poder de convocatoria que ha demostrado el periodo de consultas (46.591 intervenciones). A su vez, se especula con que se haya denegado la condición de “combustible de transición” al gas natural, lo cual generaría controversia entre algunos Estados Miembros. No obstante, el retraso en los desarrollos, como ya ocurre también con el Reglamento de disclosures, ocasiona preocupación en el sector, dificulta la capacidad de un cumplimiento eficaz de los objetivos de la norma y ralentiza, en todo caso, su consecución.

Marco nacional

El pasado día 14 de enero entró en vigor el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad. Esta norma obliga a elaborar de un plan de igualdad a las empresas de más de cien trabajadores en marzo de 2021, y a las que empleen a más de cincuenta personas a partir de marzo de 2022. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del cumplimiento de los ODS en cuanto a poner fin a la existencia de elementos discriminadores contra las mujeres y garantizar el empleo pleno, apunta también a perseverar en garantizar un tejido empresarial que mantenga políticas de gobierno corporativo eficientes y transparentes a trabajadores e inversores.

El Banco de España participará en el segundo fondo de inversión de bonos verdes promovido por el Banco de Pagos Internacionales. Este fondo, que invertirá en bonos en denominados en euros, se centra en la promoción de proyectos relacionados con energías renovables y eficiencia energética, iniciativa enmarcada en la estrategia del BPI de aumentar las posiciones sostenibles en las carteras de los bancos centrales. El BCE también ha anunciado su participación en dicho programa.

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