Novedades regulatorias. Noviembre 2020.

Guillermo Setién

Marco comunitario:

En primer lugar, destacamos el Q&A publicado por ESMA el pasado 5 de noviembre acerca del reporte de datos en materia de SFTR (operaciones de financiación de valores y de reutilización). En este documento, el supervisor aclara algunas dudas prácticas sobre cuándo (la interpretación del día laborable, el calendario de qué estado miembro debe servir para el cálculo del plazo), o cómo reportar determinadas cuestiones (repos, fallos en la liquidaciones, etc.).

La actividad de ESMA continúa con la convocatoria de sendas consultas sobre modificaciones regulatorias. La primera de ellas, abierta hasta el 11 de febrero de 2011,en relación con las directrices relativas a la obligación de facilitar información de mercado en el marco de comercialización de MiFID II/MiFIR. La consulta iniciada el 9 de noviembre, por su parte, aborda los requisitos de las comunicaciones comerciales que promocionen UCITS y AIF. En concreto, establece: que sean identificables como material comercial, que se destaquen los riesgos y las ventajas del producto de forma equivalente y que contenga información clara, concreta y que no induzca a error. El plazo para responder a esta consulta está abierto hasta el 8 de febrero de 2021.

Además, ESMA presentó el pasado 11 de noviembre su segundo informe sobre riesgos en el que anticipa un largo periodo de riesgo para inversores institucionales y minoristas. Cuánto se prolongue dependerá, a juicio del supervisor, del impacto económico de la pandemia, las perspectivas del mercado con respecto a los estímulos fiscales y monetarios y a cualquier contingencia que pueda afectar a un entorno económico particularmente frágil.

Para concluir con la actividad de los supervisores, cabe señalar el informe publicado por  EBA el 20 de noviembre sobre el uso de moratorias y sistemas de garantías públicas en el sector bancario comunitario. Este sistema de moratorias, al que se han acogido especialmente las pymes, alcanzó el volumen de 871 mil millones de euros en junio, comprendiendo el 6 % de los préstamos en la Unión. España, junto a Italia y Francia es uno de los países en el que más prestatarios se han acogido a una moratoria.

La Comisión Europea, por su parte, abrió el pasado 10 de noviembre plazo de consulta hasta el 8 de diciembre sobre la revisión del marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos, es decir, respecto de la Directiva 2014/59/UE sobre reestructuración y resolución bancaria (DRRB). Mediante su iniciativa, la Comisión asegura que pretende dotar de eficiencia, flexibilidad y coherencia al mecanismo de resolución, ofreciendo una mayor protección a los depositantes y garantizando la igualdad de trato entre los mismos.

El 16 de noviembre el Consejo de la UE publicó unas conclusiones en las que analiza los espacios controlados de pruebas o sandbox(como el aprobado este mes en España al que más adelante aludiremos) en las que destaca el potencial de innovación y crecimiento (especialmente de las pymes) animando a la Comisión a que continúe estudiando su uso y perseverando en su implantación.

Desde el Banco Central Europeo (BCE) se destaca la publicación, el pasado 18 de noviembre, del documento Good governance in times of crisis, en el que señala las labores de gobernanza corporativa que toman especial relevancia en la crisis ocasionada por el COVID – 19, apuntando la existencia de dinámicas positivas y negativas y poniendo de relieve las líneas que deben reforzar en ese sentido en tres áreas claves: acuerdos de gobierno, mecanismos de control interno y gestión del riesgo.

Por último, destaca el discurso pronunciado el pasado 27 de noviembre por Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el que expresó que desde la institución están listos para empezar a trabajar en un “euro digital”, que combinaría la eficiencia de los medios de pagos digitales con la seguridad que comporta el respaldo de un banco central. Para ello, afirma que se han abierto cuatro líneas de trabajo: la compatibilidad con servicios de liquidación ya vigentes, la interconexión entre tecnologías descentralizadas y sistemas centralizados, el uso de pago basado en tecnología blockchain con identidad electrónica y las funcionalidades de hardware que permita transacciones offline.

Marco nacional:

La principal novedad regulatoria ha sido la aprobación de la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero, (cuyo anteproyecto ya fue comentado por esta área). Esta Ley implanta el afamado sistema sandbox, es decir, un espacio controlado de pruebas en el que puede operarse con libertad a fin de que los operadores pongan a prueba sus proyectos de innovación financiera y tecnológica sin infringir disposiciones normativas, sirviendo al regulador y a los supervisores para observar el funcionamiento de estas prácticas en un espacio controlado para poder adaptar la regulación de modo eficiente.

Esta Ley, permite acceder a dicho espacio a todo proyecto financiero de base tecnológica lo suficientemente desarrollado como para probarse, siempre que reúna unos requisitos concretos, siendo la Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional la autoridad competente para admitir o no cada solicitud.

Por otro lado, la CNMV, ha actualizado su Q&A sobre aplicación de MiFID II, equiparando la actividad comercializadora de las gestoras en cuanto a requisitos a la de otros intermediarios que realizan servicios de ejecución de órdenes, novedad relevante tanto para instituciones de inversión colectivas reguladas bajo el paraguas de la normativa UCITS como para aquellas gestoras de capital riesgo.

Por su parte, el Banco de España actualizó el pasado 27 de noviembre la lista de entidades sistémicas, estableciendo a tal efecto sus colchones de capital macro-prudenciales en el ejercicio de sus competencias de supervisión prudencial. Se destaca que la única entidad española clasificada como entidad de importancia sistémica mundial es el Banco Santander.

Por último, la CNMV ha sancionado a Banco Sabadell por una infracción muy grave (sanción recurrible en vía contencioso-administrativa) por deficiencias en la valoración de la información recibida a la hora de evaluar la conveniencia de ciertos clientes en lo concerniente a la comercialización de productos financieros, ascendiendo la multa a dos millones de euros. También el Banco de España ha sancionado a la Comunidad  de Madrid a resultas del incumplimiento de la sociedad pública Avalmadrid de un requerimiento del supervisor en materia de control interno.

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