El Aula analiza con todos sus actores la reventa online de entradas

Gabeiras & Asociados

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La reventa de entradas de espectáculos públicos a través de plataformas digitales no deja de aumentar, amparada por un vacío legal. La normativa estatal, de 1982 y de la que beben las leyes autonómicas, ha quedado obsoleta, perjudicando a promotores, empresas ticketeras, artistas y consumidores. La problemática ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos, aprobada por la Comisión de Interior, que apela a la necesidad de atajar “un negocio indecente que se lucra con la especulación”. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha lanzado una consulta pública, que se extingue el 7 de diciembre, para recibir propuestas que sumen en la elaboración de “un proyecto normativo que evite la reventa masiva de entradas por internet”.

Este es el punto del que partimos en nuestro último Aula Encuentros, rodeados de los protagonistas de esta amalgama de intereses entre los que sobresale el derecho de acceso a la cultura, como recuerda el Of Councel de Gabeiras & Asociados, Jesús Prieto de Pedro. Promotores de espectáculos que ven afectada su actividad empresarial y perjudicada su imagen; artistas, de cuyo trabajo otros se apropian; plataformas de venta de entradas, meras intermediarias en la compra-venta; y consumidores, cuyos derechos se comprometen, vetándose el acceso al espectáculo al más débil. A todos ellos, y, en definitiva, al interés general, afecta este conflicto transversal, listado que repasa el catedrático de Derecho Mercantil Carlos Lema Devesa, especialista en propiedad intelectual, competencia desleal y consumo, y ponente de este acto.

Una amalgama que no sólo es de intereses, también de objetos de análisis: reventa no autorizada, reventa ilícita, reventa masiva, reventa especulativa, reventa de tiques falsos. Casos diferentes y convergentes a los que debería dar respuesta una reformulación de la legislación que atienda a una nueva y expansiva realidad: internet y sus infinitas posibilidades.

Porque la norma actual, Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, y derivado Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, lo que prohíbe es la reventa (y venta) callejera de entradas de eventos deportivos y espectáculos, permitiéndose la que se efectúa en establecimientos autorizados. Y ahí queda incluida las de agrupaciones, limitándola a un 25% del total del aforo, con un recargo nunca superior al 20% sobre coste inicial. Las comunidades autónomas regulan la reventa de forma desigual, prohibiendo en la mayoría de los casos la que se realiza en espacios físicos no autorizados. La reventa online, con la articulación de operadores que venden masivamente a través de programas informáticos y multiplican el precio original de unas entradas que, en ocasiones, no existen, queda impune, al no estar tipificada. Los revendedores acaparan las entradas e impiden que muchos ciudadanos puedan acceder al espectáculo, provocando la desprotección del consumidor, que adquiere sus boletos en plataformas, muchas veces ticketeras legales (como Ticketmaster, Viagogo o Stubhub), que no se responsabilizan de su autenticidad.

Con todas las cartas sobre la mesa se suceden las intervenciones en un formato más parecido a una mesa de trabajo que a nuestros habituales debates del Aula Encuentros. Escuchamos casuística, denuncias y justificaciones, descripciones del funcionamiento de plataformas y programas informáticos, apelaciones a los derechos de cada parte implicada, esbozos de un nuevo marco normativo que acometa todos los flancos del asunto. Las voces, autorizadas: Carlos Fernández-Peinado, Secretario General del INAEM; Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros Madrid; Celia Carrillo, Ticketmaster; Enrique García, Organización de Consumidores y Usuarios, OCU; Xavi Carbonell, Vida Festival; Nuria Rico, Live Nation, experta en eventos culturales; Fernando de la Fuente, magistrado de lo Penal y juez penalista; Héctor Fouce, Universidad Complutense, experto en propiedad intelectual; Nacho Gallego, Universidad Carlos III, Máster en Industria Musical; Jesús Prieto de Pedro, Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural, padre doctrinal del Derecho de la Cultura; Patricia Gabeiras, socia fundadora de Gabeiras & Asociados, especialista en Derecho de la Cultura.

Fernando de la Fuente describe las diferentes vías penales, resquicios para perseguir prácticas alegales, que pueden recorrerse hoy para denunciar, individual y colectivamente: venta previa a la puesta a la venta oficial, engaño por alteración de precios, defraudación fiscal con grandes sumas de beneficios. Y un problema recurrente: que muchas de las plataformas online están domiciliadas en el extranjero, lo que complica y ralentiza los procesos. Desde el Derecho de la Cultura, Jesús Prieto y Patricia Gabeiras invocan los derechos del consumidor. La Administración debe desempeñar un papel protagónico en la solución del problema como garante de los derechos de los ciudadanos, recuerdan. ¿Y no son ellos los verdaderos responsables al adquirir sus boletos en webs no autorizadas, que no les ofrecen garantías?, lanza Jesús Cimarro. Recoge Nuria Rico: “La clave está en la pedagogía al consumidor: que sepa dónde está comprando. Puede comprar reventa, pero oficial”. La conducta del usuario nunca debe ser criminalizada, coinciden Enrique García y Héctor Fouce. “Puede ser engañado, confiar en que está comprando legalmente. Lo hace a través de un buscador legal como es Google”, enfatiza Fouce.

Celia Carrillo y Nuria Rico describen la enorme inversión que las empresas de venta de entradas han hecho en tecnología para que la reventa indeseada pueda bloquearse. “El promotor tiene a su disposición todas las herramientas para impedir la reventa, pero no todos quieren utilizarlas”, explica Carrillo. “A quien quiere vender rápido la reventa no le molesta”. Aunque estos, los tecnológicos, son mecanismos sólo en manos de las grandes ticketeras, recuerda Gabeiras.

Nos preguntamos si la solución pasa por limitar precios o limitar conductas, número de entradas a vender, número de entradas a comprar. Carlos Fernández-Peinado argumenta que serán muchas las soluciones a un mal que debe ser atajado desde diferentes frentes: medidas tecnológicas, pedagogía y, también, leyes que tengan como objetivo el respeto real del derecho a la cultura. “No olvidemos que los espectáculos en vivo son un bien cultural, como marca su recién estrenado tipo impositivo”, recalca. El promotor debería reforzar la publicidad de los canales de venta oficial. Las ticketeras también podrían informar del canal primario de venta del propio festival, artista, promotor, sugiere Gabeiras.

“¿Y cómo solucionar los problemas de autentificación en las puertas? Ese es el verdadero problema del promotor”, lamenta Xavi Carbonell. Y muchos invitados asienten. Porque son muchas las aristas de este conflicto. “Para algunas ya se han planteado hoy soluciones”, observa Lema Devesa. Y todos nos emplazamos a otras ediciones de este espacio de reflexión que promueve la acción que es el Aula.

Se pueden enviar propuestas y sugerencias hasta el 7 de diciembre a unidadapoyo.sgt@mecd.es, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la actualización de la normativa.



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